El gobierno nacional presentó en abril de 2021 una propuesta de reforma tributaria denominada solidaridad sostenible, la cual contempla ayudas para las personas más vulnerables. Si bien consideramos que dichas ayudas son necesarias para reactivar la demanda y recuperar el consumo de distintos bienes, entre otros el arroz, es muy importante de el ingreso solidario que se genere no se distorsione de manera significativa el mercado. Las ayudas deben ser condicionadas a que las personas busquen empleo. Adicionalmente no pueden convertirse en una limitante para la formalidad: un subsidio no condicionado puede disminuir la oferta de mano de obra y dificultar el incentivo a que los trabajadores decidan vincularse a los sistemas contributivos de salud y pensión, generando aún más presiones sobre los recursos que requiere destinar el gobierno a estos.

Respecto del impacto sectorial de la reforma presentada, se ven varios efectos significativos:

• El planteamiento de gravar la maquinaria con un IVA del 19% genera un impacto directo en los costos muy significativo. Al ser el arroz excluido, difícilmente un productor tendría derecho a devolución de este IVA, por lo que el costo del arroz paddy podría incrementarse cerca de un 3 por ciento, teniendo en cuenta el aumento de los costos de los servicios de maquinaria. Cabe recordar que de acuerdo con el último censo arrocero el 48,2% de los tractores usados tienen más de 15 años de operación, por lo que aún se requiere una renovación significativa del parque de maquinaria. Con el sobre costo por IVA, el sector estaría en serias dificultades de mejorar su competitividad.

• El proponer un impuesto del 8% al consumo de plaguicidas se suma como otra traba a la competitividad. Mientras que en otros países subsidian los insumos al agro, en Colombia con esta propuesta se volverían más costosos sin que el productor tenga posibilidad de devolución o compensación, lo cual lo pone en condiciones menos competitivas.

• Además de esto, se está modificando la base gravable para la gasolina y el ACPM y se implementan otros impuestos al carbono, lo cual incrementa los costos de la siembra y cosecha mecanizada, así como los transportes de los productos agropecuarios a la agroindustria y centros de distribución.

• Gravar con IVA la electricidad, incrementa el costo de los productores de distritos de riego y de algunos productores que utilizan electricidad para el bombeo del agua a sus canales de riego, así como el costo de los molinos en el proceso industrial de secamiento y trilla.

•Los impuestos a los empaques y plásticos de un solo uso, si bien pueden tener una buena intensión en materia ambiental, también en este caso debe tenerse en cuenta las afectaciones a la competitividad sectorial por incrementos de costos.

Todos estos impuestos y costos adicionales, no necesariamente se pueden trasladar al consumidor, sino que en muchos casos deterioran la competitividad del productor nacional frente a los productos importados y la pérdida la debe asumir el productor. Esto teniendo en cuenta que, en otros países, en general los agricultores no deben pagar impuestos sobre los insumos, sino que, al contrario, tienen devolución en sus países de los IVA cuando nos envían los productos, además de recibir innumerables subsidios a la producción. En ese sentido, la reforma no solamente puede tener el efecto de incrementar los precios al consumidor, sino que, por otra parte, al dejar a los productores nacionales en desventaja los puede sacar del mercado, poniendo en riesgo más de 16 mil productores arroceros que generan aproximadamente 80 mil empleos directos y cerca de 320 mil indirectos en 210 municipios a lo largo del territorio nacional.