El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar, reveló hoy que las hectáreas comprometidas en el nuevo caso de robo de tierras descubierto y denunciado por el INCODER, de la mano con la Procuraduría General, estaría entre las 70.000 y 100.000 hectáreas. Este lunes El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, presentó ante la Fiscalía General de la Nación y las Fiscalías Seccionales de Medellín la denuncia penal por el robo de tierras descubierto en el departamento de Antioquia. Se abrieron entre 1.500 y 2.000 expedientes de titulación de baldíos, tramitados durante los años 2007 a 2011, que están en conocimiento y bajo custodia de la Procuraduría. Los hallazgos encontrados por la Procuraduría Agraria y Ambiental de Antioquia, en los cuales se evidencia la posible comisión de conductas criminales por parte de particulares y funcionarios públicos adscritos a la Dirección Territorial de Antioquia del INCODER, exigen una respuesta inmediata por parte de las autoridades para castigar a los responsables. Se trata de una nueva modalidad delictual para adjudicar tierras baldías de la Nación que solamente se pueden adjudicar a campesinos pobres y sin tierras, indicó el jefe de la cartera agropecuaria.. Pedimos celeridad en las investigaciones. Creemos que además de funcionarios, exfuncionarios y excontratistas del INCODER, hay una red corrupta en la que participan particulares, intermediarios, notificadores, entre otros eslabones aún no detectados, indicó Miriam Villegas Villegas, gerente del Instituto. El INCODER y la Procuraduría identificaron varias tipologías para el robo de estas tierras. Entre ellas, la titulación ilegal de baldíos a personas con altos patrimonios o con múltiples propiedades; titulaciones ilegales de extensiones de tierra que sobrepasan los límites máximos permitidos para las Unidades Agrícolas Familiares (ley 160 de 1994); sobornos por parte de funcionarios de la entidad a campesinos; formularios y resoluciones acomodadas y modificadas y, en conclusión, titulación de baldíos a personas que no son sujetas de reforma agraria. Jhenifer Mojica, Subgerente de Tierras del INCODER, expresó en la denuncia ante la Fiscalía que se evidenció una flagrante inobservancia de la ley agraria, al ser tomadas decisiones en total contravía de la ley. Se debe realizar una intervención ante la totalidad de los expedientes mencionados, puesto lo que se detectó no fueron casos aislados, sino conductas recurrentes y generalizadas, añadió Mojica. Entre los posibles involucrados en el robo de tierra se encuentran cuatro directores territoriales de Antioquia, tres coordinadores técnicos y seis profesionales entre funcionarios y excontratistas. Entre las tipologías descubiertas, según explicó el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Oscar Darío Amaya Navas, se detectaron varias tipologías en la comisión de estos hechos. En primer lugar entrega de tierras a personas naturales que ya tienen otra serie de predios (diez o más bienes); la segunda tiene que ver con la adjudicación de casas de veraneo y de locales comerciales en proceso de reforma agraria y en tercer lugar, adjudicaciones por encima de la Ley a personas que no tienen los requisitos para ser merecedores de este beneficio.
