Hace unos días, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, anunció que conformaría un equipo para investigar posibles prácticas restrictivas en el sector arrocero, a propósito de las denuncias por las alzas desmedidas en el precio del grano. Pues bien, la Superintendencia ya empezó a actuar. La semana pasada, 30 investigadores de la SIC realizaron visitas de inspección administrativa a 11 productoras de arroz en Ibagué, Neiva, Espinal, Aguazul, Saldaña, Jamundí, Cúcuta, Girardot, Valledupar y Bogotá. Los investigadores revisaron computadores, correos electrónicos, correspondencia y datos contables, con el fin de encontrar pruebas sobre una posible cartelización (acuerdo de precios) por parte de las sociedades molineras en la compra de la cosecha a los agricultores. Las empresas visitadas fueron Molinos Roa, Molinos Florhuila, Arroz Diana, Unión de Arroceros, Inversiones Arroz Caribe, Proarroz, Molino Sonora, Arrocera La Esmeralda, Arrocera Agua Blanca, Molino El Yopal, y Granos y Cereales de Colombia. Fuente: Revista Semana
