La deficiencia en el acceso real y efectivo en zonas rurales de programas de educación, salud, vivienda y recreación han contribuido a limitar el avance en materia de desarrollo humano y social en las zonas rurales y a acentuar la brecha de pobreza entre lo rural y lo urbano. A su vez, la migración de jóvenes rurales, entre otros segmentos, a las ciudades y el envejecimiento de la población dedicada a las actividades agropecuarias están asociados a la baja cobertura de los sistemas prestacionales y, por consiguiente, a ofrecer bajos o nulos beneficios para la población rural. La naturaleza de las actividades agropecuarias representa un alto índice de riesgo, no solo para las inversiones en el sector, sino para la creación y operatividad de políticas e instrumentos que permitan asegurar condiciones de acceso real y efectivo de la población a programas de educación, salud, vivienda y recreación, y todos sus componentes en zonas rurales. Avanzar en este tipo de políticas e instrumentos podría contribuir a cerrar la brecha entre zonas rurales y urbanas, si tenemos en cuenta que en las urbanas existe una mayor y más adecuada cobertura de servicios sociales y un mayor grado de formalidad laboral y empresarial. Según la Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria – EOEA del segundo trimestre de 2012, el 84% de los productores encuestados afirmó no estar afiliado/a a una caja de compensación familiar, y del total de productores que afirmaron sí estarlo, tan solo el 20% indicó que había recibido algún beneficio. Por lo anterior, es indiscutible la necesidad de garantizar condiciones especiales de regulación y trata-miento de las entidades que prestan servicios asistenciales sociales con incidencia en el sector rural, en concordancia con las políticas de desarrollo y los planes de disminución de la pobreza rural. Este propósito puede concretarse a través de una entidad con una operatividad certificada, fortalecida económica y administrativamente, que permita impulsar e incentivar la prestación de servicios a la población rural y el otorgamiento de apoyos o subsidios de vivienda, transporte, salud, educación y otros, con el propósito de gestionar beneficios prestacionales a los trabajadores rurales y fomentar procesos de formalización por la vía del reconocimiento y posicionamiento. En el ámbito rural la escasa o nula cobertura en la provisión de servicios sociales y subsidios familiares puede reflejar, por el lado de la oferta, barreras de costo, acceso y eficiencia en zonas rurales, pero también la falta de lineamientos, controles e incentivos por parte del gobierno nacional para que las cajas de compensación ofrezcan sus servicios a la población rural, a pesar de que este efectúa aportes parafiscales y de otra naturaleza con estos fines. Tal es el caso de los subsidios de vivienda en donde las cajas de compensación se convirtieron en uno de los grandes proveedores para zonas urbanas, especialmente para las grandes ciudades. Sin embargo, estas no han contemplado en gran medida proveer de vivienda a las zonas rurales, pese a la amplia de-manda de subsidios de vivienda en zonas rurales y al importante nicho de trabajadores con capacidad de beneficiarse de los instrumentos de apoyo de las cajas de compensación familiar –CCF. Cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural indican, de una parte, que de los 4.054 millones de pesos de subsidios que han entre-gado las CCF a nivel nacional, para las zonas rurales tan solo 2 CCF pasaron de 20 viviendas entrega-das, específicamente en los departamentos de Cundinamarca y Valle del Cauca. De otra parte, las afiliaciones a las CCF en las zonas rurales para el 2010 -la mayoría en Antioquia- fueron del orden de los 69.464 personas (2% del total de ocupados), a diferencia de las zonas urbanas, donde las afiliaciones ascendieron a los 4.147.354 (29% del total de ocupados). En este sentido, se requiere contar con una entidad del orden nacional, que cumpla el papel de promotora e implementadora/operadora de pro-gramas de beneficios sociales y de subsidio familiar para la población rural. Se propone que esta entidad esté organizada como establecimiento mixto, vinculada directamente al Gobierno, con participación de actores privados (Gremios, Trabaja-dores, Cajas de Compensación Fa-miliar, entre otros). La intervención del Estado se re-quiere donde el mercado no funciona y/o donde intervenciones existentes no han podido corregir fallas de acceso a servicios asistenciales para la población trabajadora. Un mecanismo idóneo para corregir este tipo de fallas, sobre todo cuan-do la disponibilidad global de recursos no es el principal problema sino la falta de equidad en la distribución de los beneficios, es la utilización de arreglos institucionales que contribuyan a desconcentrar y ampliar su cobertura a zonas/sectores no atendidos, pese a ser aportantes. Un ejemplo claro de estos esquemas institucionales de referencia es el del crédito para el sector agropecuario, con la acertada creación del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO cuyo objetivo fue mejorar la equidad en la disponibilidad de recursos de financiamiento para el sector rural, a partir de las inversiones forzosas de los intermediarios financieros, y con la participación y apoyo económico de la Nación. Con el fin de propiciar la prestación de servicios sociales de calidad a los trabajadores de zonas rurales, se debe establecer la inversión obligatoria, en forma de Títulos de Destinación Social Rural. En caso de constituirse dicha figura, contará con la financiación que provenga de un porcentaje de los aportes totales realiza-dos, tanto por empleadores como trabajadores, a cada una de las cajas de compensación familiar, conforme al régimen general, indicando específicamente su destinación y el ámbito de aplicación. Para la creación y establecimiento de esta figura se deben garantizar recursos semilla, provenientes, entre otros, de los gobiernos nacional y territorial, de las propias Cajas de Compensación y de otras fuentes de cooperación técnica y financiera. De igual manera, las cajas de compensación familiar podrán realizar inversiones del tipo sustitutivo, a través de la prestación directa de servicios sociales y subsidios familia-res para los trabajadores del sector primario y sus familias, verificables tanto por la entidad implementadora/operadora como por la Superintendencia del subsidio familiar. Fuente: Sociedad de Agricultores de Colombia.