El Gerente General de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, insistió en que “el Estado debe volcar sus esfuerzos al sector agropecuario, que sirvió durante varias décadas como fuente de financiamiento para el desarrollo y consolidación del resto de la economía”; y agregó que “el desbalance en la distribución de los recursos entre el sector urbano y rural y el incremento de la pobreza extrema en el área rural, amerita una revisión de las políticas públicas agropecuarias”. El anuncio fue hecho durante el XXXIV Congreso Nacional Arrocero que se lleva a cabo en el Salón Rojo del Hotel Tequendama. “No se trata de crear mecanismos asistencialistas para resolver las angustias del momento, sino de ofrecer un nuevo enfoque de política pública agrícola, que integre al sector campesino al nuevo entorno económico del país”, agregó el dirigente gremial, quien además consideró que deben unirse esfuerzos para que el trabajo de los arroceros esté acompañado de políticas que refuercen y apoyen la adopción de tecnología, robustezcan la infraestructura de la Colombia rural, garanticen la seguridad de los campesinos y les permitan a los arroceros construir infraestructura de secamiento y almacenamiento. El Gerente General de Fedearroz, reiteró su petición para que existan mecanismos para financiar la construcción de infraestructura de secamiento y almacenamiento a nivel predial y regional. De esta forma, “el sector contaría con mejores condiciones para comercializar su producto, que hasta ahora es un bien perecedero y tiene que ser negociado en 24 horas. Este tipo de infraestructura permitirá que el productor negocie la materia prima como paddy seco, como se hace en todas partes del mundo, y disponga de las herramientas financieras de los mercados bursátiles modernos, que facilitan y mejoran las condiciones de comercialización”; puntualizó el dirigente gremial. En materia de financiamiento se precisó que el sector arrocero requiere recursos de crédito para la producción, por $100.000 millones anuales, por lo menos durante los próximos 5 años y que se continúe con la asignación de recursos ICR para la modernización de la maquinaria, dado el alto costo de estos equipos. “El Estado colombiano no puede permitir la destrucción de los 500 mil empleos rurales que genera el sector arrocero, con las consecuencias sociales que ello conlleva para todo el país. El apoyo a la producción arrocera nacional es un imperativo no sólo de política agropecuaria, sino de política social del Estado”, puntualizó el Gerente General de Fedearroz.