Las discusiones para una reforma tributaria durante este año han estado centradas en un elemento que puede generar grandes dificultades en los hogares más pobres del país, consistente en gravar con IVA la canasta familiar.

Con la crisis ocasionada por la pandemia, muchos hogares han mostrado una reducción en el consumo de alimentos. El DANE en su encuesta de Pulso Social, estimó que más de un millón de hogares dejó de consumir tres comidas diarias, pasando a dos o incluso una sola comida en el día, dada la disminución sensible en el ingreso de los hogares colombianos. Adicional a esto, de acuerdo con la misma encuesta, el 20% de los hogares no tiene ingreso, el 70% no tiene capacidad de ahorro y tan solo un 10% de los hogares tiene una capacidad de ahorro.

Quiere decir que el incorporar impuestos a la canasta familiar que se destinarían al precio de los productos, reduciría aún más la capacidad de compra del 90% de los hogares del país, con lo que se disminuye la calidad de vida de más de 40 millones de colombianos, lo que no se podría compensar con el esquema de devolución de IVA que actualmente está previsto para tan solo un millón de hogares.

El estatuto tributario, actualmente excluye el arroz paddy de IVA, mientras que el arroz blanco se encuentra exento de este impuesto. Incorporar un IVA al arroz implicaría de inmediato tener que trasladar este valor al precio, lo cual en pocas palabras significaría que el consumidor colombiano tendría que pagar un 19% adicional en el consumo de arroz.

Este impuesto generaría un efecto altamente regresivo en la población y podría traer consecuencias significativas no solamente sobre el ingreso disponible de los más pobres, sino que adicionalmente podría traer serias consecuencias sobre la balanza nutricional de la población y los niveles de desarrollo futuro del país.

En ese sentido, hacemos un llamado al gobierno para que en la propuesta que presente de reforma tributaria evite gravar productos que como el arroz son parte importante de la dieta básica de los colombianos y son fundamentales no solo para el empleo rural sino también para el consumidor. Cabe recordar por otra parte que actualmente se busca recaudar por medio de la reforma tributaria 15 billones de pesos, pero por otro lado la evasión fiscal en el país está estimada en 43 billones de pesos. En esa línea, ¿no será mejor plantearse mecanismos para reducir la evasión en lugar de afectar aún más a los empresarios formales y a los consumidores?