El acceso y la redistribución de la propiedad de la tierra fue uno de los ejes temáticos en los que se basó la campaña electoral del actual gobierno. Estas propuestas basadas en un buen espíritu de reivindicación histórica abrían las puertas a comunidades marginadas para el acceso a este medio de producción de inexorable importancia para el desarrollo socioeconómico y la seguridad alimentaria de cualquier sociedad.

Sin embargo, parece que en el camino el mensaje se distorsionó y sin ser su objetivo, propició acciones que sobrepasan la legalidad atentando sobre instituciones tan fundamentales como la propiedad privada, eje fundamental en que el que se basan una basta cantidad de interacciones sociales y económicas y cuyo derecho está protegido por el estado.

El asunto de la propiedad privada no es un tema menor y su ámbito abarca desde las ideas y materializaciones que las personas les den a estas, cómo las patentes, hasta la más obvia como el derecho al uso posesión y usufructo de bienes materiales. Es así como este concepto no es ajeno a ningún ser humano y se espera que el Estado sea un protector y promotor del respeto a este derecho.

En este orden de ideas vale la pena mencionar el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia donde se promulga que “… Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores…” y es por esto por lo que el actual gobierno como cabeza del Estado, al igual que todos los ciudadanos, está llamado al cumplimiento de los mandatos de nuestra constitución y deberá implementar las acciones que sean necesarias para el cumplimiento de la protección de los derechos que durante décadas e inclusive generaciones han ejercido los colombianos sin tener miramientos de escala o uso.

El ejercicio de la propiedad privada no es un lujo como en algunos escenarios se le pretende connotar. Tan solo en el sector agrícola, el mantenimiento de este derecho requiere constancia y sacrificio diario para lograr que la tierra, como bien productivo, genere riqueza a través de la inclusión del capital y del trabajo; riqueza que se distribuye entre las comunidades que en su formación intervienen y que genera prosperidad regional.

Es así que es deber del gobierno, en orden de mantener la legitimidad y su autoridad, dar las correctas señales a través de información clara y acciones contundentes para evitar que se generalicen los casos de invasión de predios realizados por aquellos que han entendido erróneamente el mensaje del acceso a las tierras o que han instrumentalizado la necesidad de algunos para beneficio propio. La acción conjunta y coordinada de las autoridades, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura y sus agencias evitará que esto se salga del poder de dominio del Estado y se deteriore en acciones que todos los colombianos lamentemos.

Finalmente, se reafirma el compromiso con el desarrollo del campo y el apoyo a la restitución de los derechos de las comunidades víctimas de años de segregación, pero también se reafirma la exigencia de posiciones claras por parte del Estado, principal garante de la protección de los derechos de todos los colombianos.