Entre agosto y octubre del presente año, vivimos al interior de la Federación Nacional de Arroceros una jornada de enorme importancia para el devenir de nuestra agremiación. Se trató de las asambleas de productores arroceros en las 19 seccionales de Fedearroz en el país, constituidas además en un productivo reencuentro luego de la difícil etapa vivida por la pandemia del Covid-19.

En desarrollo de dichas reuniones, se renovaron los integrantes de los Comités zonales de Arroceros y los delegados al Trigésimo Octavo Congreso Nacional Arrocero que se celebrará entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre en Bogotá.

Volver a nuestras reuniones presenciales y compartir con los productores en todas las zonas el comportamiento del sector, observar la acogida y el respaldo a su Federación fue un hecho muy motivante, así como importante el poder identificar y debatir muchos temas de gran relevancia sectorial.

Los agricultores fueron informados por la Gerencia General de la coyuntura nacional e internacional del sector, así como los resultados de la investigación realizada con los recursos del Fondo Nacional del Arroz y las inversiones con los provenientes de las subastas de Colrice, identificando la forma en que tales proyectos vienen teniendo positivo impacto para alcanzar la sostenibilidad y competitividad, resultados expresados en reducción de costos de producción y mejoría en los rendimientos.

De igual manera, se compartieron las positivas cifras que se vienen alcanzando con el adecuado uso de la de la tecnología y la adopción en cada zona arrocera de las mejores prácticas productivas, que hacen parte del programa AMTEC de Fedearroz, cuya implementación ya cubre el 60% del área sembrada de arroz en Colombia, recordando que durante la pandemia, la Federación no se detuvo en todos las actividades que tienen que ver con la investigación técnica y económica, aspecto determinante para los resultados entregados.

Las asambleas fueron también el escenario donde los agricultores dieron a conocer las demandas existentes en cada zona, para superar las dificultades en el ciclo productivo. En algunas de ellas, tales requerimientos apuntan a problemas de gran envergadura que exigen del gobierno una gran atención, como la del control de las inundaciones de la Mojana y la construcción de una planta de secamiento, almacenamiento y trilla en el Bajo Cauca, o serios problemas en la infraestructura vial como sucede en regiones como el Casanare, así como la necesidad de optimizar el acceso a programas de crédito o insumos, para pequeños productores de zonas como el sur del Tolima y Huila.

En medio de las manifestaciones de los productores de acuerdo con su zona específica, se observó de manera generalizada en todas las regiones arroceras, una gran preocupación, ya que no existe claridad respecto de la política que en favor del campo, se incluirá en el plan de desarrollo.

Si bien en la campaña presidencial se prometió inversión en el campo y garantías para la seguridad alimentaria, el incremento en los costos de insumos acentuado por la tasa de cambio fuertemente depreciada y la incertidumbre respecto de los proyectos de encadenamiento productivo, están haciendo que los productores sientan enormes riesgos para su inversión, lo que se expresa en una gran incertidumbre para el año 2023.

Es necesario que el gobierno nacional entienda esta preocupación y permita que en el plan de desarrollo se incorporen elementos concretos de apoyo a los productores agrícolas, tales como el otorgamiento de créditos verdaderamente asequibles para los productores, esto es, con plazos no inferiores a 20 años y bajas tasas, que permitan cristalizar proyectos de tanta importancia como los de secamiento y almacenamiento en finca.

Esta sería una de las decisiones de alto impacto en el sector arrocero, pues daría lugar a que en regiones de alta producción como los Llanos Orientales, se rompa la estacionalidad de la cosecha, que hoy día causa permanentes problemas a la comercialización de la misma.

De igual manera se necesita una política clara que lleve al mejoramiento sustancial de la infraestructura vial y de riego, el aanzamiento del seguro de cosecha y la adopción de estrategias para proveer servicios de asistencia técnica integral de alta calidad, de tal manera que el productor pueda continuar en el camino a la competitividad.

Esperamos que el proceso de los diálogos regionales vinculantes, sirva para escuchar estas propuestas y en todo caso, que el gobierno concluya su plan de desarrollo incluyendo las ideas que los productores han venido transmitiendo a la Federación, con el fin de hacer posible el crecimiento que el campo requiere y así garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, pues “donde hay arroz jamás habrá hambruna”.