Las manos laboriosas de los productores arroceros han sido base para la seguridad alimentaria nacional y el empleo rural en numerosas regiones del territorio nacional.

No obstante su importancia, este sector está siendo asediado de nuevo por altos índices de inseguridad, representados en actos delictivos como el secuestro y la extorsión, perpetuados por grupos armados ilegales o delincuencia común, que ensombrecen el panorama de los agricultores y afectan los diferentes procesos que se llevan a cabo para el normal suministro de este producto básico del menú de los colombianos.

Desafortunadamente, han vuelto y se han incrementado los episodios en que productores, que deberían estar enfocados en el cultivo y la cosecha de arroz, se ven obligados a dejar a la deriva sus lotes, temiendo que ellos o sus seres queridos, puedan ser objeto de manos criminales a menos que cedan a todos las exigencias que hacen para garantizar “tranquilidad”.

A las normales dificultades que padecen los productores, se suman las extorsivas que imponen un lastre financiero adicional, obstaculizando la inversión en infraestructura agrícola y el desarrollo sostenible en el campo.

Ante esta crisis, es urgente una respuesta clara y decidida del gobierno, fortaleciendo la presencia de la fuerza pública en las zonas rurales, con las capacidades sucientes para disuadir la acción de los delincuentes.

La colaboración y respaldo gubernamental a la policía, el ejército y demás especialidades de la fuerza pública, es esencial para abordar con contundencia esta problemática en todos sus frentes, integrando a la presencia de los efectivos una estrategia de inteligencia efectiva para identificar y desmantelar las redes criminales que operan en las sombras.

Por su puesto se trata de medidas urgentes para enfrentar una coyuntura, pero no debe olvidarse que un verdadero control permanente y autoridad del Estado, necesita llenar los vacíos que ha causado la falta de infraestructura, servicios básicos y oportunidades económicas en el campo, vacíos que han sido aprovechados por los grupos armados para justificar su accionar.

Cuando desde la gremialidad decimos que el Gobierno debe invertir en bienes públicos, estamos hablando de aquello que se requiere para impulsar proyectos de desarrollo integral, que permita restaurar la confianza de los productores arroceros y las comunidades locales en las instituciones del país. Para ello, junto a la presencia de la fuerza pública para restablecer el orden, es vital que el gobierno trabaje en estrecha colaboración con los líderes comunitarios y los productores para comprender sus necesidades y preocupaciones.

Los planes de seguridad deben ser adaptados a la realidad de cada región y la participación de los gremios y l a sociedad civil es esencial para identificar los focos que merecen mayor atención y permitan una solución integral y sostenible.

La seguridad en el campo colombiano es una tarea que exige unidad y determinación. Es un llamado a proteger no solo los cultivos de arroz, sino también los sueños y aspiraciones de aquellos que trabajan la tierra con amor y dedicación para garantizar la seguridad alimentaria de los colombianos.

La garantía de seguridad es un paso esencial hacia un futuro, donde el campo pueda florecer sin temor y donde los productores arroceros sean reconocidos como los héroes anónimos que son, alimentando a la Nación y tejiendo el tapiz de la prosperidad en cada grano de arroz que cultivan. Cada acto delincuencial está oscureciendo el amanecer de la prosperidad en el campo colombiano.